ÁMBITO CONCRETO DE ANÁLISIS de LA POLÍTICA PÚBLICA DE CUIDADOS:

 

Para analizar  las POLÍTICAS MUNICIPALES DE CUIDADOS en la ciudad de Madrid, me centraré  en uno de dos ámbitos específicos de la política municipal: educación infantil 0-3 (especialmente ligada a las políticas de desarrollo de Escuelas Infantiles de titularidad municipal), el segundo ámbito sería la atención a la dependencia. Se centra fundamentalmente en el periodo 2003-2015.

 

1)      LA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-3

El Ayuntamiento de Madrid tiene algunas competencias en materia de educación, aunque la mayoría de ellas, estén en manos de la Comunidad Autónoma de Madrid desde la descentralización de competencias educativas de 1995. En este sentido, las competencias municipales en educación, son reducidas y periféricas y están en buena medida subordinadas a las autonómicas.

La educación infantil de primer ciclo es la etapa escolar que interviene de forma más temprana en la vida de los/as menores, pues los niños y niñas escolarizados en ella tienen entre 4 meses y 3 años. Debemos tener en cuenta la población de estas edades y la tendencia demográfica de los nacimientos para poder valorar la demanda potencial de educación infantil en Madrid capital.

Globalmente, entre 2004 y 2008 los nacimientos siguieron una tendencia creciente, aumentando un 17,3%. No obstante, coincidiendo con la llegada de la crisis económica, la tendencia se invirtió.

2)    ESTA EVOLUCIÓN HA SIDO DESIGUAL EN EL TERRITORIO, VARIANDO POR DISTRITOS.

Dentro de estos hogares con menores en edades correspondientes a educación infantil, es importante tener en cuenta aquellos que pueden encontrarse en una situación específica de dificultad. En este caso, podemos identificar cuántos de ellos son hogares monoparentales, es decir, encabezados por un/a solo/a progenitor/a o tutor/a, en general con un solo salario, particularmente expuestos a la precariedad económica.

Alrededor del 50% de la oferta pública municipal se reparte entre los distritos populares de la capital, quedando el 50% restante distribuido en distritos de renta media y alta.

Esta insuficiencia de plazas era entonces también señalada por las familias. Según una encuesta sobre las familias madrileñas encargada en 2005 por el Ayuntamiento, el 46% de las familias con menores de cinco años no escolarizaba entonces a sus hijos/as en guarderías o escuelas infantiles. Los principales motivos que indicaban eran: porque un/a familiar los cuidaba (34%) y porque no han podido aunque querían (23%), siendo minoritarias las familias que aducían no querer llevarles a la guardería (9%) o contar con una persona cuidadora remunerada (4%) (Ayuntamiento de Madrid, 2005: 62). Ese 23% de familias que deseaban escolarizar a sus hijos menores de cinco años y no pudieron indicaron como principales impedimentos el alto precio de estos servicios (42%) y la falta de plazas (33%).

Esto contribuyó a la reducción de la demanda efectiva (y la reducción de la lista de espera) en los distritos populares donde se concentra población con menor nivel de renta (los más afectados por la situación de crisis), teniendo un impacto social negativo.

Además, también se constató una diferencia persistente durante todo el periodo y hasta la actualidad entre la escolarización de autóctonos y extranjeros, que sugiere que estos últimos, en parte por motivos económicos, no están teniendo acceso a un servicio que les beneficiaría especialmente, ya que la incorporación temprana al sistema educativo del país de destino favorece la integración y adaptación, empezando por la familiarización con el idioma, y está asociada a un mejor rendimiento escolar posterior.

Es probable que esta desigualdad se esté dando también en el caso de los niños y niñas de etnia gitana de la capital, pues, a pesar de que ha crecido su participación en los niveles previos a la educación obligatoria, siguen estando menos presentes que el resto de la población. Esto se reflejaría de forma indirecta en los datos por distritos, ya que esta población está más presente en los distritos populares de la capital.

 

3)      IMPACTO Y RESULTADOS QUE HA TENIDO O TIENE ESA POLÍTICA PÚBLICA.

En la regulación autonómica existente durante este periodo, la priorización de los niños y niñas con los dos progenitores trabajando tuvo un impacto social negativo, especialmente en el contexto de crisis, al excluir a las familias sin empleo y con dificultades para encontrarlo, priorizando la conciliación sobre la equidad. Asimismo, aunque se prioriza a las familias numerosas, en Madrid no se prioriza a otro colectivo con especial necesidad de apoyo en el cuidado infantil, como son las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres solas y en una situación importante de vulnerabilidad. Por último, los criterios de discriminación positiva aplicados para favorecer a las familias con rentas más bajas son limitados, pues se da prioridad a las personas perceptoras de rentas mínimas de inserción (RMI), que constituyen sólo una parte de las familias con renta baja y en situación de pobreza severa A ello se une, además, la complejidad del sistema de baremación, que resulta difícil de entender para las familias (especialmente para aquellas con menor capital cultural o de origen extranjero) y requiere por parte de las profesionales de las escuelas un trabajo de explicación y traducción

Otra de las funciones fundamentales que se atribuyen a las escuelas infantiles es la de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, ofreciendo a través de las escuelas infantiles el cuidado de los niños y niñas de 0 a 3 años durante el horario laboral de sus padres y madres. La aportación de las escuelas infantiles a la socialización de tareas de cuidados tradicionalmente asumidas por madres y su contribución (real o potencial) a una mayor participación de las mujeres en el empleo parece innegable.

En cualquier caso, no hay ni ha habido ninguna evaluación ni seguimiento por parte de la administración municipal sobre el efecto que tienen las escuelas para la conciliación y su impacto de género, puesto que ni siquiera se producen datos que permitan evaluar sus efectos. Es decir, se asume que la función de conciliación se cumple y no se evalúa hasta qué punto lo hace y con qué impacto de género, cuestión que sería fundamental para orientar la política de educación infantil en el futuro.

Sería deseable destinar ayudas a la escolarización en escuela infantil no sólo a la población en una situación de pobreza más severa, sino también a todas aquellas que, estando en una situación de pobreza relativa o de precariedad, no lleguen a cubrir los gastos de crianza de sus hijos. No obstante, una solución más eficaz y menos costosa en cuanto a esfuerzos, evitando una sobrecarga de los servicios sociales y eliminando dificultades añadidas a las familias, sería tender a la gratuidad de la etapa. En la medida en que se tendiera a una reducción y eliminación progresiva de las cuotas del primer ciclo para las familias, por lo menos en los tramos de renta más bajos, la necesidad de estas ayudas también descendería.

El profesorado de educación infantil es el sector del cuerpo docente más feminizado del sistema educativo.

Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales tendría, por tanto, un impacto de género positivo que se traduciría también en un impacto social y educativo positivo.

4). ¿QUÉ PUNTOS FUERTES Y QUÉ DEBILIDADES CONSIDERAS QUE TIENE ESTA POLÍTICA PÚBLICA?

El diseño de la política municipal en este ámbito ha carecido, en el periodo estudiado, de diagnósticos detallados de las necesidades de la ciudadanía y de una planificación acorde con ellas.

Las competencias en materia de educación del Ayuntamiento son reducidas y están en buena medida subordinadas a las de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus competencias en esta etapa educativa, puede, por tanto, desarrollar una política de educación infantil 0-3 que promueva “servicios de educación y cuidados de la primera infancia de calidad, universales e integradores” , con un impacto social, económico y de género positivo para la ciudadanía madrileña.